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CONFIGURACIÓN
4 diciembre 2025
El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de las demandadas (la productora de la serie, la cadena televisiva y la plataforma de streaming que la emitieron) frente a la sentencia de la Audiencia Provincial que apreció la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del demandante por una escena de contenido sexual, y ha desestimado la demanda por la alegada intromisión en los derechos de la personalidad (honor, intimidad y propia imagen) por la producción y emisión de la serie de televisión 'Fariña'.
En cuanto a la vulneración del derecho al honor, el Tribunal Supremo considera que el demandante es un personaje público, pues ha sido condenado a elevadas penas de prisión por su participación destacada en actividades organizadas de tráfico de drogas tóxicas en cantidades de notoria importancia, que es un asunto de interés general. Que en una escena de la serie televisiva se le relacione, siquiera mediante insinuaciones o de forma indirecta, con el tráfico de cocaína no puede considerarse que en este caso constituya una intromisión ilegítima en su derecho al honor, pese a que en la serie el personaje aparezca con su nombre y apellidos y la serie afirme estar 'inspirada en hechos reales'.
En primer lugar, porque no es aplicable una exigencia de veracidad en los términos más estrictos en que se exige para el ejercicio del derecho de información; y, en segundo lugar, porque no puede considerarse que constituya un menoscabo relevante de la reputación de quien ha sido ya condenado por gravísimas conductas relacionadas con el narcotráfico, por más que estuvieran referidas a otra droga.
El Tribunal Supremo también ha desestimado que se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad del demandante. La sentencia razona que cuando la obra de ficción recrea la vida privada de una persona suficientemente identificada, no puede predicarse la inmunidad jurídica del creador siempre y en todo caso, sino que ha de realizarse un juicio de ponderación que tenga en cuenta las circunstancias concurrentes para valorar si la afectación de la intimidad es proporcionada y, por tanto, legitimada por el ejercicio de la libertad de creación artística y literaria conforme a parámetros constitucionales.
En el caso, la cuestión no se centra en la identificación del personaje con el demandante, que es indiscutible, sino si las escenas íntimas representadas por los actores atribuyen de manera verosímil aspectos de su vida sexual y, en consecuencia, si esa atribución afecta de forma grave su derecho a la intimidad. Las escenas cuestionadas muestran conductas íntimas propias de una relación de pareja, pero su carácter no es especialmente explícito.
Incluso la más intensa es extremadamente breve (dura unos segundos), los actores permanecen vestidos y sólo se muestra la parte superior de sus torsos. Todas las secuencias se integran de forma natural en el relato, sin adquirir especial significación dramática ni configurarse como elementos definitorios del protagonista. Tampoco se presentan como episodios auténticos de la vida sexual del demandante.
Estas circunstancias llevan razonablemente al espectador medio a entender que no se está ante una exposición real de la intimidad del demandante, sino ante una recreación dramática que no pretende divulgar hechos auténticos relativos a su vida sexual, por lo que la eventual afectación a su intimidad carece de la gravedad necesaria para prevalecer sobre la libertad de creación artística de los demandados.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/cgpj
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Justo J. Pliego Romero es un referente en el Derecho Cooperativo en Castilla-La Mancha. Ejerce como abogado desde el año 2009 en la defensa y asesoramiento de PYMES y cooperativas en toda la región, junto con la atención a particulares en las diferentes áreas del Derecho.
Ha sido profesor de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y del Programa de Dirección Integral de Cooperativas Agroalimentarias (DIRCOP). En la actualidad es árbitro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
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